Publicado: 19 de Enero de 2017

El pasado 21 de Diciembre de 2016 se dio a conocer la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que concede la retroactividad total de la devolución de las cantidades cobradas en exceso a los consumidores en aplicación de las clausulas suelo. Esta sentencia supone un nuevo varapalo para la Banca española, habiendo cifrado el Banco de España en 4.000 millones de euros el impacto potencial de esta sentencia en las cuentas de las entidades financieras. Para hacer frente a todas las reclamaciones que se avecinan PP y PSOE han pactado un Decreto que no es de obligado cumplimiento para las entidades financieras y que no las obliga a devolver todo el dinero, pero sí tendrán que calcular todo lo cobrado teóricamente de más por estas cláusulas, aunque la entidad las considere legales y aunque no ofrezca su devolución al cliente, lo cual ha sido una mala noticia para el sector. Según el citado Decreto el banco puede considerar no procedente la devolución de las cantidades afirmado, por ejemplo: "Le hemos cobrado 8.000 euros por la cláusula suelo pero no le ofrecemos nada porque nuestras cláusulas son transparentes y no han sido declaradas nulas", por lo que es inevitable acudir al Juzgado y solicitar se cumpla íntegramente con lo dispuesto por la Sentencia del Tribunal Europeo, ya que LAS SENTENCIAS JUDICIALES SE CUMPLEN NO SE NEGOCIAN.

En todo caso, los bancos que no han sido condenados en firme sostienen que este decreto no cambia demasiado las cosas, ya que hasta ahora venían negociando con los clientes acuerdos que, normalmente, no incluían la devolución total de las cantidades cobradas de más y sí fórmulas beneficiosas para la entidad, como el cambio del tipo variable de la hipoteca por un tipo fijo. Y también una renuncia del cliente a adoptar acciones judiciales.

Por otro lado, en Diciembre de 2015, el Tribunal Supremo dictó una Sentencia en virtud de la cual declaraba nula la clausula contenida en los préstamos hipotecarios que cargaban al consumidor con la obligación de pagar todos los gastos e impuestos correspondientes a la formalización de la hipoteca, por lo que cualquier consumidor que posea una hipoteca vigente, es decir, que todavía esté pagando o una hipoteca que se haya cancelado después del año 2011, podrá reclamar la devolución de los gastos de Notaria y Registro, así como las cantidades abonadas en concepto de Actos Jurídicos Documentados pues, en todos esos casos, el sujeto pasivo y por tanto obligado al pago es la entidad prestamista. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000€ formalizada entre los años 2006 y 2013 para un inmueble situado en Madrid, supondría una devolución para el cliente de unos 3.000€ aproximadamente.

De la misma manera que la reclamación de la nulidad de la clausula suelo es imprescriptible y, por tanto, se puede demandar su nulidad en cualquier momento, todos los consumidores interesados en reclamar la devolución de los gastos de su hipoteca deberán hacerlo con anterioridad al 24 de Diciembre de 2019, pues esta última acción SI prescribe.

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